La empresa que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió hasta su incorporación al Gobierno ha sido denunciada por fraude a la Administración Pública. Según la querella a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Segur Ibérica está acusada de un presunto delito de estafa que podría alcanzar los 9 millones de euros. Los denunciantes han pasado dos años investigando la firma.
La empresa que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió hasta su incorporación al Gobierno ha sido denunciada por un delito de fraude a la Administración Pública por valor de más de nueve millones de euros. La compañía de seguridad Segur Ibérica está acusada de defraudar al Estado mediante el cobro de servicios de seguridad que nunca se prestaron o por personal no cualificado o “falsos vigilantes que llegaron a realizar servicios de escolta o transportes de explosivos”. La empresa acumula, además, siete investigaciones de la Inspección de Trabajo por fraude a la Seguridad Social.
Según relata la denuncia, la compañía que presidía Pedro Morenés hasta el 30 de enero de 2012 presuntamente cobró por servicios de escolta y vigilancia que no se realizaron o que fueron cobrados a precio de “personal cualificado” pero desempeñado “por personal armado sin habilitación ni licencia (…) como forma de aumentar la factura al cliente al cobrarse este tipo de servicios a un precio más elevado”. Las nóminas y cuadrantes de servicio que acompañan esa denuncia aseguran que esa posible estafa podría haber afectado a organismos públicos como el ministerio de Hacienda, AENA, ADIF, RENFE y hasta 300 grandes empresas que pagaron por servicios cualificados pero que desempeñó un personal no autorizado.
Entre las cantidades defraudadas, la denuncia habla de 3.185.000 euros al Museo Reina Sofía; 35.000 euros a la Biblioteca de Catalunya o 1.912.000 al Ministerio de Economía.
Una vieja causa con nuevas pruebas.
La reclamación contra la compañía la presenta la empresa que se encargaba de elaborar los cuadrantes de control de esos agentes en lo que es una vieja causa con nuevas pruebas. NIX Universal, la compañía que elaboraba esos registros, presentó dos denuncias que fueron archivadas por la justicia en 2010 y 2011, en la última ocasión a la espera de una ampliación de pruebas . “Por eso, contrató un bufete de detectives que aporta nuevas pruebas a una nueva causa en los tribunales”, asegura su administrador, Antonio Morgado. Según sus denuncias, esa presunta estafa se produjo con dos modalidades diferentes: A.- Vigilantes falsos cobrados como personal cualificado y B.- Vigilantes cobrados por servicios que no prestaron.
A.- “Vigilantes falsos” en servicios armados, escoltas o transporte de explosivo.
Según la denuncia, la empresa cobró entre 2005 y 2007 por los servicios de, al menos, 657 trabajadores con la categoría de vigilantes de seguridad “sin que tuvieran la correspondiente autorización administrativa del ministerio del Interior, empleando a esos falsos vigilantes” –reza el texto—“para la realización de al menos 7.568 servicios de vigilancia y seguridad en más de 306 entidades diferentes”.
Algunos de esos trabajadores fueron regularizados años más tarde pero –según recoge la documentación 237 de ellos jamás han obtenido ninguna habilitación para desempeñar servicios armados”.
La Subdelegación de Gobierno de Alicante ya ha sancionado por infracción muy grave a la Tesorería de la Seguridad Social y a Segur Ibérica con una multa de al menos 30.000 euros a la compañía a raíz de una denuncia presentada por un sindicato. Dicho Sindicato realizó un informe confirmado después por la Subdelegación en el que denunciaba el uso y el cobro a las instituciones públicas de “personal no habilitado para realizar trabajos propios de un vigilante de seguridad”.
B.- Servicios de vigilancia que no se realizaron
Las denuncias por fraude incluyen la declaración de una de las empleadas de la compañía que reconoce haber cobrando y facturando a empresas por servicios que no prestó, tal y como investiga la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La empresa habla de “montaje”
Segur Ibérica asegura que las pruebas presentadas contra ella son “pruebas falsificadas”. Al mismo tiempo, ha demandado a NIX por un delito por “violación de secretos” y ha instado a la Agencia de Protección de Datos para que le devuelvan la información sobre sus empleados. Según un portavoz de Segur Ibérica, las denuncias por fraude a la Administración Pública intentan paralizar esa demanda contra Nix que el pasado martes fue citado a declarar en el Juzgado número 39 de Valencia.
La empresa asegura que “los clientes saben que se les ha facturado correctamente” y acusa a NIX de “haber presionado sistemáticamente” a quienes respaldan la querella contra la empresa que presidió Pedro Morenés. Fuente Vozpópuli
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