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martes, 10 de julio de 2012

MOVILIZACIONES SEGURIBER


Plan de acción sindical previsto para el mes de julio contra la empresa SEGURIBER y que comienza mañana día 10/7/2012 delante del Museo del Prado.
Darle la máxima difusión posible.



viernes, 6 de julio de 2012

PERMISOS POR INFORTUNIOS FAMILIARES


Como sabéis, las licencias retribuidas por motivos familiares sirven para poder acompañar al familiar de que se trate en casos de dicha o alegría (nacimiento de un hijo) o infortunio (fallecimiento, accidente o enfermedad graves y hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

Os remitimos un informe jurídico tras comenzar a cuestionar las empresas la concesión de CUATRO DIAS cuando el trabajador necesita hacer un desplazamiento en casos de infortunio familiar.


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jueves, 5 de julio de 2012

UN LLAMADO SINDICALISTA


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MANIFESTACION DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA


Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria se manifestaron este miércoles en protesta por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y los despidos de los miembros del comité de empresa. Estuvieron toda la jornada entregando información a los ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife.
Los trabajadores del sector de Seguridad Privada, convocados por los sindicatos mayoritarios, se manifestaron en Santa Cruz de Tenerife como medida de presión frente a la empresa, Seguridad Integral Canaria, a la que acusan de modificar unilateralmente condiciones laborales tales como sueldo y salario, así como el despido irregular de los miembros del comité de empresa.
Según detallaron los representantes de estos trabajadores, si la empresa no se aviene a negociar, prevén nuevas movilizaciones, incluido un paro que, de llevarse a cabo, tendría lugar en próximas fechas. 

NO HAY DINERO PARA CUBRIR 1.800 PLAZAS DE FUNCIONARIOS


Interior pretende que empresas privadas asuman la seguridad de cárceles para ahorrar 48 millones.
El Ministerio del Interior estudia que una parte de la seguridad en el interior de las cárceles corra a cargo de empresas privadas ante la imposibilidad económica de cubrir las 1.800 plazas de funcionarios de prisiones vacantes en este momento. Una cifra enorme si tenemos en cuenta que una prisión tipo (mil internos) necesita en torno a 480 funcionarios. El ahorro en salarios se acercaría a los 48 millones de euros anuales. José Ramón López, presidente de ACAIP, el sindicato mayoritario de prisiones, calificó ayer de disparate la iniciativa y anunció medidas de presión para evitar los planes del departamento.
Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad, reconoció el pasado 28 de junio en la comisión de Interior del Congreso que el departamento no tiene funcionarios de prisiones para proveer los nuevos centros penitenciarios y que es necesario que "poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias (...) y buscar alternativas" que, dijo, pasan por la seguridad privada. El número 2 de Interior afirmó que "un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado" podría asumir algunas de las tareas de seguridad en el interior de las prisiones y liberar funcionarios para reubicarlos en otros establecimientos penitenciario, sin que por ello se pueda acusar al departamento de estar privatizando las cárceles. Las tareas asignadas a los vigilantes privados de seguridad serían todas aquellas en las que no hay contacto directo con la población reclusa, como el control de las cámaras de seguridad.
Ulloa cifró en 67.000 reclusos la actual población penitenciaria y en 80.000 el número total plazas en las cárceles. Datos que rebate el presidente de ACAIP, que asegura que a fecha 22 de junio el número de internos ascendía a 60.631 (siete mil menos, la capacidad de siete prisiones como la de Soto del Real) y reduce prácticamente a la mitad el número de plazas, concretamente 41.192 funcionales, las que forman parte de los módulos de vida ordinaria (de ellos se excluyen las correspondientes a los departamentos de ingresos, enfermería y aislamiento). "Si el secretario de Estado utiliza estos datos, no entendemos cuál es la necesidad de abrir nuevos centros, si ya tenemos plazas más que de sobra", señala José Ramón López. 
ACAIP calcula que de llevarse a cabo el plan Interior se ahorraría 48 millones de euros anuales en salarios (26.000 euros brutos de un funcionario recién incorporado por los 1.800 puestos que no se cubrirían), aunque duda que la contratación de seguridad privada rebajase sustancialmente el coste. "Es cierto que la situación económica es la que es, pero la contratación de seguridad privada ni es gratis ni es barata teniendo en cuenta los importantes márgenes de beneficio del que disponen las empresas que se dedican a esta actividad -señala José Ramón López-. No nos equivoquemos, las empresas están para ganar dinero, no para prestar un servicio público de calidad, y los estándares de formación, conocimientos y experiencia del personal distan mucho de lo deseable". Las cinco últimas prisiones inauguradas (Murcia II, Las Palmas II, Menorca, Zaballa y Pamplona I) están funcionando con solo el 50 ó 60% de los funcionarios que serían necesarios por su tamaño, según datos sindicales. Un problema que también tienen los Centros de Inserción Social (CIS) para los reclusos en tercer grado penitenciario.
Los funcionarios de prisiones defienden que su sustitución por vigilantes privados va contra la Ley Orgánica General Penitenciaria, que les asigna en exclusiva la vigilancia interior de los centros, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les confiere la condición de Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones. ACAIP entregó ayer en Interior un documento en el que rebaten el plan presentado por Ulloa en el Congreso y reclaman la convocatoria de la Mesa de Seguridad (se creó a raíz del secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara por ETA para tratar exclusivamente asuntos de seguridad). Como alternativa, el sindicato propone que se recurra a funcionarios interinos, tal como prevé un real decreto aprobado el año pasado que autoriza la contratación de personal temporal para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
De concretarse el proyecto de Interior ("simplemente dejo la cuestión en el aire", dijo el secretario de Estado en el Congreso) se sumaría a la decisión de que empresas privadas se encarguen también la seguridad exterior de los centros, una labor que desarrolla, salvo escasas excepciones, la Guardia Civil. Fuente: elconfidencial.com

martes, 3 de julio de 2012

APROSER cree que las modificaciones de los convenios pueden acarrear problemas en el sector


Eduardo Cobas. Secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser)
"No nos gusta el cambio en los convenios de la reforma"

Cobas expone que las modificaciones sobre los convenios de la reforma laboral "nos pueden acarrear problemas


"La crisis le está pasando factura a un sector cíclico como la seguridad privada. Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de facturación. "Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de facturación, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Administraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de los márgenes comerciales".
Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyuntura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, "porque introduce dosis de flexibilidad", pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios.
"Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos". Para el directivo hubiera sido aconsejable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. "Nos preocupa la actitud de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes", aclara.
En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en un mundo global. "Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica".
A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen menos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. "La realidad demostrará que es una reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede acarrear problemas importantes". En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tratamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, "como dispone la normativa en Alemania y en Francia".
La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportunidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, "ya que perdería la legitimidad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar", sí que pone ejemplos de lo que ocurre en otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales.
Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anunciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que "la detección de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para determinar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante una amenaza terrorista". Y es tajante al afirmar que "nada nos gustaría más que dejar de prestar estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de puestos de trabajo".
Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. "Esta legislación tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un mejor servicio a la colectividad". Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas.
En este sentido, el directivo se pregunta: "¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?". También habla de ofrecer servicios en las prisiones. "Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debidas, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la pública".
En su opinión, "no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas".
Intrusismo
La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas dice que "ha mejorado algo", pero critica el hecho de que haya compañías que, "después de actas levantadas o incumplimientos reiterados", se encuentren entre los principales adjudicatarios de las Administraciones públicas, porque "los contratos se basan únicamente en precio". Fuente: www.cincodias.com

Un vigilante de seguridad y dos policías salvan a un joven que iba a suicidarse


Se convirtieron sin pensarlo en sus ángeles de la guardia al salvar su vida. Dos agentes de la Comisaría de Policía de Albacete y un vigilante de seguridad del servicio del Parque Científico y Tecnológico salvaron a un joven de 27 años que quería suicidarse.
Según informó la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, los hechos se produjeron en torno a las cuatro de la mañana del día 12 cuando se recibió aviso en la Sala del 091 por parte del vigilante del Parque Tecnológico de la presencia de un coche, aparcado en las inmediaciones y de aspecto sospechoso.
La patrulla policial se desplazó rápidamente al lugar. Allí comprobaron cómo el vehículo estaba con el motor en marcha, el tubo de escape estaba enlazado a una manguera de goma, ajustada con un trapo, que entraba al coche por la ventanilla trasera izquierda, camuflaba con una cazadora.
Los humos del tubo de escape se introducían en el vehículo en el que había un hombre en el asiento del conductor que mostraba sus ojos cerrados y parecía inconsciente.
Antes de que llegase la ambulancia solicitada, practicaron técnicas de reanimación, lo que provocó que recuperara la respiración normal y su consciencia. El conductor se negaba a la ayuda porque decía desear la muerte. Poco más tarde, una ambulancia trasladó al joven al Hospital General.
En su teléfono móvil el joven tenía varios mensajes enviados anunciando su intención de quitarse la vida.
Fuente:  http://www.laverdad.es

Recurso contra Securitas Direct

Recurso contra Securitas Direct: Así Coacciona y Sanciona a sus Empleados

http://avsd.foroactivo.com/t22-recurso-contra-securitas-direct-asi-coacciona-y-sanciona-a-sus-empleados-i

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