- Los detectives privados podrán ser inhabilitados
- Las empresas de seguridad se encargarán de la vigilancia perimetral de las prisiones
- Los vigilantes pasan de ser subordinados a ser complementarios de la seguridad pública
La policía podrá controlar en cualquier momento los clientes, los encargos, los métodos de investigación e incluso los resultados de las pesquisas que realicen las agencias privadas de detectives. El anteproyecto de ley de seguridad privada, al que el Consejo de Ministros le ha dado hoy el visto bueno, obligará a los detectives ("los huelebraguetas", como se le llamaban en las películas del género negro de los años 50) a "documentar los encargos en contrato por escrito" y a elaborar "un informe actualizado" con todos los datos de sus pesquisas. Este documento "estará siempre a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial". Los detectives o sus empresas podrán ser inhabilitados si no respetan estas normas.
La medida pretende evitar casos como el reciente de Método 3, cuyos propietarios aseguraron que habían destruido todos los informes de sus trabajos, o el de la llamada Operación Pitiusa (tráfico de información privilegiada o reservada), en la que varios detectives se negaron a entregar a la policía los libros registro de sus casos, la biblia del detective.
Las agencias serán obligadas a entregar cada año al Ministerio del Interior una memoria anual de sus actividades. Interior quiere con todo ello regular "más estrictamente el acceso a la investigación privada" al afectar a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas". Las investigaciones, no obstante, tendrán "carácter privado", ha puntualizado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, quien también ha subrayado que "los sonidos grabados se destruirán un año después de su realización salvo que estén relacionados con una investigación".
El anteproyecto tiene por objetivo actualizar la normativa que data de 1992, en un sector que factura 3.600 millones de euros al año y en él trabajan 90.000 personas, según los datos facilitados el pasado mes de marzo por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. La intención del Ejecutivo con esta reforma, según ha recordado en varias ocasiones, es que se repitan casos como el del espionaje a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
El ministro también ha explicado que las agencias deberán presentar un informe anual y ha puntualizado que l. La agencia de protección de datos deberá examinar ahora el texto aprobado por el Consejo de Ministros. "Es uno de los sectores con mayor auge empresarial en España", según ha explicado el ministro.
El Consejo de Ministros ha estado presidido por Mariano Rajoy y ha contado con la presencia de todos los miembros del gabinete a excepción del titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que se encuentra en Dublín participando en las reuniones de ministros de Economía y Financias de la Unión Europea.
La normativa amplía y cambia sustancialmente las tareas y cometidos de la seguridad privada. Esta podrá encargarse a partir de ahora de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, en sustitución de la Guardia Civil, aunque siempre bajo la supervisión de Interior. Dentro de los talegos no tendrán cometidos.
La seguridad privada, ahora legalmente "subordinada" a la pública, se integrará ahora "en comisiones mixtas" para llegar a una mayor colaboración que podría extenderse incluso a algún tipo de reparto de tareas. Por lo tanto, como dice el texto, se pasa del principio de subordinación al "principio de complementariedad", de manera que la privada sea "un recurso externo" de la seguridad pública, aunque siempre tendrá preeminencia esta última. Fuente elpais.com
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