La Justicia valenciana declara nulo el ERE de Canal 9

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que fue aprobado en agosto del 2012. Con esta decisión, la justicia valenciana reconoce el derecho de los más de mil trabajadores despedidos a ser readmitidos.

Protesta de los trabajadores contra el ERE en Canal 9, en julio del 2012. MIGUEL LORENZO

Así lo señala la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ valenciano hecha pública hoy, que estima las demandas colectivas por los despidos presentadas por los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CGT y declara nula "la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la presente declaración".

 
RECURSO DE CASACIÓN

Contra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá presentarse "dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación". En la argumentación, la sentencia considera que se vulneró tanto la normativa de los expedientes de regulación de empleo como los derechos fundamentales de los trabajadores.

 Durante el juicio celebrado el pasado mes de octubre, a la petición de nulidad de los cuatro sindicatos demandantes se unió la Fiscalía, que consideró que la empresa "vulneró derechos fundamentales" de los trabajadores, que hubo "irregularidades" en el proceso donde se actuó con "criterios subjetivos" y que de todo ello generó "trato discriminatorio" hacia los trabajadores.

CERRAR CANAL 9

Esta mañana, tanto el 'conseller' de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, como la actual directora general de RTVV, Rosa Vidal, han declinado pronunciarse sobre la decisión judicial a preguntas de los periodistas. El portavoz del Gobierno valenciano declaró recientemente que si se declaraba la nulidad de los despidos, habría que cerrar la televisión. La sentencia llega en pleno proceso de privatización de la programación de RTVV, que acumula una deuda de 1.200 millones de euros.