La asociación que agrupa a estos técnicos en Castilla y León cree más fácil para las empresas no tener que incluirlos en plantilla
Forman parte del mundo de la seguridad privada, pero su figura está todavía poco definida por la legislación española, que apenas diferencia entre los directores de seguridad y los jefes de seguridad en una compañía. Los primeros estarían sobre todo al cargo de la puesta en marcha de los sistemas que garantiza la protección de las personas, de los bienes, los valores, el negocio de la empresa, y el normal funcionamiento de los servicios. Los segundos, tendrían sobre todo la responsabilidad directa de la gestión del personal encargado de estas tareas. La falta de claridad en la normativa que regula en España la seguridad privada provoca de que los técnicos con titulación de director de seguridad vean como otras personas sin la formación concreta para este cargo ocupan puestos similares, en ocasiones con otro nombre, pero que llevan a cabo las mismas funciones.
Cuestión de ahorro
Los directores de seguridad establecidos en Castilla y León han creado a principios de este año la asociación regional «preocupados como estamos por el desarrollo de esta profesión y por la repercusion que las empresas y las instituciones públicas y privadas deberían dar a esta figura», explica el presidente de esta organización, Óscar Álvarez de Castro. «Esta profesión, que está recogida en la Normativa sobre Seguridad Privada dictada por el Ministerio del Interior se encarga de diseñar, planificar, implementar y controlar la seguridad personal y patrimonial de aquellas personas que así lo soliciten», agrega.
La seguridad, reitera Álvarez de Castro, no puede verse como un coste. En numerosas ocasiones supone un ahorro. «La presencia de un especialista, que responde con su firma de lo que determina y que realmente toma el mando de la seguridad puede representar un importante ahorro para la empresa, que puede dejar de sufrir pérdidas por robos o por vandalismo, por ejemplo», comenta el experto.
El problema para estos técnicos es que sufren un intrusismo profesional faciltado por la ambigüedad con la que está regulada la figura.
Titulación adecuada
Y sin embargo, el puesto de director de seguridad exige que el titular disponga del ,del título de bachiller y que obtenga la titulación correspondiente otorgada por una de las universidades, públicas y privadas, reconocidas por Interior como habilitadas para impartir estos estudios. Entre ellas se encuentra en Castilla y León la Universidad Pontificia de Salamanca. «Se trata de un curso específico que exige 400 horas de estudio presenciales y veinte asignaturas», especifica Óscar Álvarez. «Necesitamos que por parte de la Administración se prohíba de forma expresa la práctica habitual del intrusismo por parte de empresas de seguridad que presta o alquilan a sus clientes mercantiles la figura del director , lo que contraviene la interpretación lógica que en la norma establece las funciones de este puesto», argumenta el presidente de la asociación de directores de seguridad de Castilla y León.
La agrupación formada este año busca, entre sus objetivos, el de obtener por parte de las administraciones públicas, un dictamen claro de cuáles son las empresas, las instituciones públicas y privadas y los organismos que deben disponer de un departamento de seguridad. «Y el reconocimiento estatal de la figura del director de seguridad como el técnico cualificado en la elaboración e implantación de los planes de autoprotección que han sido desarrollados a través de las actuales normativas», añade el tesorero de la asociación, Juan Ignacio Zaera Granja.
Menos dificultades
Los directores de seguridad esperan que la administración pública reconozca esta figura como un profesional independiente, «de manera que pueda trabajar como autónomos y que se ofrezca como un servicio externalizado de las empresas que lo soliciten. Esto evitará su incorporación laboral a la plantilla y hará más fácil para la compañía la contratación de los servicios», comenta Álvarez de Castro. «Una fórmula similar a la que se aplica , por ejemplo, con ingenieros, arquitectos, o abogados», enumera. -Pero esta solución requiere de la creación de un epígrafe concreto para la profesión tanto en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como en el Censo Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que sirve para el pago de los impuestos estatales. «En el fondo, el reconocimiento estatal de la figura del director de seguridad como técnico cualificado», insiste el presidente de las asociación regional de estos expertos. «Dentro de la asociación son varios los sectores empresariales, profesionales o institucionales que están representados, de forma que los asociados forman parte en algún caso de la seguridad hospitalaria, logística, de empresas de consultoría, formación, protección de personalidades y también investigación privada», cuenta Óscar Álvarez. «Esta diversidad nos permite una visión amplia y también significativa del sector de la seguridad desde distintos planos de la sociedad, para utilizar esta asociación como nexo de integración de las distintas experiencias profesionales para conseguir una sociedad más segura», concluye el experto. Fuente elnortedecastilla.es
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