La medida comenzará a implementarse después del verano
El ministerio asegura que la sustitución se llevará a cabo para tareas secundarias y auxiliares
En el caso de los funcionarios, sus sustitutos no tendrán trato con los presos en ningún caso
Los sindicatos plantean objeciones a lo que consideran una posible "privatización" futura
El Ministerio del Interior comenzará después del verano a sustituir en las cárceles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a funcionarios de prisiones por vigilantes de seguridad privados. La sustitución se llevará a cabo en 21 cárceles en un principio. Aún no están claras las cifras definitivas, pero Interior habla de que serán centenares los vigilantes privados que serán contratados para las prisiones. La medida afectará a un número mayor de policías y guardias civiles que de funcionarios, señalan fuentes de Interior.
Desde el departamento de Jorge Fernández Diaz se asegura que los vigilantes privados serán empleados en labores auxiliares, nunca principales. En el caso de los funcionarios de prisiones, ningún vigilante privado se encargará de tratar con los internos, sino que más bien se sustituirá a aquellos que se encargan, por ejemplo, de controlar los monitores de seguridad o las barreras. Responsables del ministerio señalan que, ante el déficit de funcionarios y la escasez de recursos económicos, no hay otra salida que sustituir a los funcionarios y a los policías y guardias civiles en aquellas labores complementarias para las que no se necesita una especial formación. "Para nosotros es más importantes tener a un funcionario, formado, tratando con los presos que mirando un monitor, algo que puede hacer un vigilante con menor formación", señala un portavoz.
En marzo, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la Administración—, Interior ya anunció que los escoltas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en cárceles de toda España. Sustituirían a algunos policías y guardias civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, introdujo en junio en la Comisión del Interior del Congreso la variable de que los vigilantes privados sustituyeran no solo a policías y a guardias civiles sino también a funcionarios de prisiones.
Un mes antes, PP y CiU aprobaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pedía al Gobierno que estudiase la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargase de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones han mostrado su preocupación por lo que consideran un primer paso de una posible privatización general de toda la seguridad de las prisiones, exterior e interior. El pasado 12 de julio, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, envió una carta a las organizaciones sindicales en la que aseguraba, tras la intervención del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, en el Congreso, que "actualmente no existe iniciativa ni proyecto que tenga por objeto sustituir a funcionarios de Instituciones Penitenciarias por vigilantes privados en lo que constituye la función de vigilancia interior de los centros penitenciarios". Tras el anuncio llevado hoy a cabo por el Ministerio del Interior, desde el departamento se señala que cuando Yuste hablaba de "vigilancia interior", se refería al trato directo con los presos, no a la posibilidad de controlar un monitor de seguridad, y se reitera que sí serán sustituidos algunos funcionarios con funciones básicas que no necesiten de una especial formación. Fuente elpais.com
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